Los principios de justicia rogada y congruencia en los procesos de familia. Análisis jurisprudencial.

 

El art. 216 LEC, al decir: «Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales” establece con carácter general, el principio de justicia rogada o principio dispositivo de aportación de parte.

Es decir, en los procesos civiles, el Tribunal queda vinculado a las peticiones formuladas por las partes y en consecuencia, su sentencia deberá se congruente con las mismas, no pudiendo conceder algo distinto a lo solicitado, más de lo que se pide ( ultra petita),  o infra petita, dar menos de lo que se ofrece.

Pero estos principios no tienen rigidez en materia de familia en aquellos aspectos no dispositivos y cuando existen menores[1]. Recordemos que en materia dispositiva, pensiones compensatorias o compensaciones del 148 CC requieren la petición expresa).

Recordemos que la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de Abril de 1987, dice: «es obligado dejar establecido, como principio rector de esta clase de procesos, la necesidad de que prioritariamente prevalezcan los intereses del menor como más dignos de protección, evitando que las distintas y enfrentadas argumentaciones jurídicas puedan postergar, oscurecer o perjudicar las puras situaciones humanas y afectivas que deben informar las relaciones paterno-filiales; de ahí que se tengan que examinar minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso concreto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor; principio consagrado en el artículo 39 de la Constitución Española y en la filosofía de las últimas reformas del Código Civil».

La sentencia del Tribunal Supremo 795/2010, de 29 de noviembre, recordó la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC).

Posteriormente, la STS, Civil sección 1 del 21 de Mayo del 2012 ( ROJ: STS 3059/2012) Recurso: 1067/2011 | Ponente: ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS

“El principio de rogación se aplica de forma relativa en los procesos matrimoniales cuando afectan a menores de edad. La conformidad de las partes sobre los hechos no vincula al tribunal y este no puede decidir la cuestión litigiosa basándose en la conformidad de las partes o en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria y puede decidir las medidas sobre los hijos y la vivienda familiar, aunque no se haya pedido ninguna medida. Cuando las partes no han formulado una petición que afecta al interés de un menor debe ser decidida por el juez y no hay incongruencia. Las normas sobre procedimientos matrimoniales tienen naturaleza de ius cogens. La atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el artículo 96 CC. Interés del menor: requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación. La atribución del uso de la vivienda familiar es una forma de protección, que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios.”

La Sentencia núm. 575/2019, de 5 noviembre de 2019, ponente Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, donde se recurría que la sentencia de la Audiencia elevaba la pensión de alimentos y se vulneraba el principio de congruencia establece:

“De lo expresado se deduce que el aumento de oficio acordado tenía su explicación, en que la Audiencia Provincial dejaba sin efecto la atribución de la vivienda familiar a partir de diciembre de 2018 (en régimen alternativo), por lo que aumentaba la pensión de alimentos, dado que dentro de estos se han de entender la partida correspondiente a los gastos de vivienda del menor ( art. 142 C. Civil).

Sentado ello, no puede apreciarse falta de proporcionalidad.

Esta sala ha de fijar los alimentos de acuerdo con el art. 146 del C. Civil ( sentencia 586/2015, de 21 de octubre), con proporcionalidad a las necesidades del menor, a la capacidad económica de los progenitores y a los tiempos de estancia en casa de cada uno.”

Más recientemente la STS 4226/2024 de 22 de julio (Ponente: Excmo. Sr. D Antonio García Martinez), con cita de la anterior STS 308/2022, de 19 de abril:

“[l]a atribución de la condición de primordial y superior al interés del menor, así como su significación como principio de orden público ( sentencias 258/2011, de 25 de abril; 823/2012, de 31 de enero de 2013; 569/2016, de 28 de septiembre; 251/2018, de 25 de abril y SSTC 178/2020, de 14 de diciembre FJ 3 y 81/2021, de 19 de abril, FJ 2), afecta a la regulación de los procedimientos en los que están comprometidos los derechos de los menores, permitiendo excepciones sobre los dos pilares fundamentales en los que se asienta el proceso civil, cuales son los principios de aportación de parte y dispositivo. De esta manera, se potencian las facultades de oficio de los titulares de la jurisdicción y las posibilidades procesales de las partes, lo que encuentra consagración normativa en los arts. 90.2 y 158 CC, 751, 752, 770. 4.ª II, 771.3, 778 bis 4, 778 quáter 8; 778 quinquies 7, de la LEC, entre otros.

«Pues bien, la vigencia de dicho principio, permite atemperar la rigidez de las normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros ( SSTC 187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2; 77/2018, de 5 de julio, FJ 2; 178/2020, de 14 de diciembre FJ 3), así como inspira y rige toda la actuación jurisdiccional, que se desarrolla en los procesos de familia, y que determina, por la prevalencia de este principio constitucional de tuición sobre las normas procesales, la tramitación de dichos procesos bajo un criterio de flexibilidad procedimental ( STC 65/2016, de 11 de abril), quedando ampliadas la facultades del juez en garantía del interés que ha de ser tutelado ( SSTC 4/2001, de 15 de enero, FJ 4, así como 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3). «[…]

«Como ejemplos de aplicación práctica de esta flexibilización procesal, contamos con la sentencia 304/2012, de 21 de mayo, ratificada por la ulterior 525/2017, de 27 de septiembre, que excepciona, en estos casos, el rigor del deber de estricta congruencia impuesto por el art. 218 LEC, al señalar que el juego de dicho interés superior conlleva a que «[…] no puede alegarse la incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá ser decidida por el juez, en virtud de la naturaleza de ius cogens que tiene una parte de las normas sobre procedimientos matrimoniales, tal como puso de relieve en su día la STC 120/1984».

            En esta materia la flexibilidad del principio dispositivo y de congruencia debe analizarse desde el prisma no de las partes en conflicto, actor y demandado, sino atendiendo al interés superior de los menores. No estamos, cuando hablamos de alimentoso custodia y vistas hablando de compartimientos estancos, sino de marcos de referencia, de hecho, nos encontramos con peticiones de custodia exclusiva que se transforman en un acuerdo de compartida.

            De igual forma, entiendo que no existe incongruencia cuando se decide, a la vista de los informes o de hechos nuevos o de nueva noticia, se decide sobre una pretensión que estaba implícita o era inescindible o necesaria de la petición si ha sido objeto del debate.

            Recordemos la STS 1039/2024, 22 de julio de 2024, en el caso es de la atribución del uso de la vivienda familiar, y esta cuestión no queda sometida al principio de rogación, ya que debe dilucidarse, con petición o sin ella, en beneficio e interés de las menores.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 77/2018, 5 de Julio de 2018 nos dice que:

 “el régimen de custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo parental, debe adoptarse siempre, considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño; y si bien se confiere a los progenitores la facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene el deber de velar por la protección de los menores en este tipo de procesos, sólo al órgano judicial le corresponde la facultad de resolver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional” (STC 185/2012 , FJ 8). En el mismo sentido, para el Tribunal Supremo el principio del superior interés del menor es materia de orden público e implica que puede el Juez resolver de oficio sin estar sujeto al principio de rogación ni a la conformidad de las partes, de forma que puede rechazar los pactos alcanzados si son perjudiciales para el menor (entre otras, SSTS de 9 de julio de 2003, 30 de julio de 2009 y 15 de junio de 2018).”

 

Autor Juan J. Reyes Gallur

Abogado.

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[1] La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, recogiendo su Art. 3 que “todas las medidas que se adopten por todo tipo de instituciones y organismos públicos y privados concernientes a menores deberán atender al interés superior de éstos”.

La Ley Orgánica 1/96, que en su artículo 2 dispone que: «En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».